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sábado, 22 de marzo de 2014

LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE DE BOGOTÁ PISOTEA LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD Y ATENTA CONTRA LA PAZ

por Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República de Colombia


La destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del Presidente de la República Juan Manuel Santos, constituye una violación flagrante de la Constitución Política de Colombia, un golpe alevoso a la precaria democracia colombiana, un atentado criminal contra el proceso de paz y un desconocimiento vulgar de la legalidad internacional.

 Los ideólogos del régimen afirman con frecuencia que uno de los pilares de la democracia es la independencia de los poderes del Estado, sin perjuicio de la colaboración armónica entre ellos. Esta tesis no es más que una de las tantas falacias que se difunden entre la opinión pública para legitimar el sistema dominante. Independencia de qué o de quién? Acaso los tres poderes y los organismos electorales y de control no están regidos por los mismos dueños del poder económico y político del país?

 El caso del Alcalde Gustavo Petro es suficientemente ilustrativo. Todos los poderes se conjugaron para lograr el objetivo de recuperar para el establecimiento el segundo cargo más importante del país que estuvo en manos de gobiernos alternativos durante más de 10 años:
 Los partidos de la derecha, los gremios económicos, la gran prensa, las mayorías del Congreso de la República y los distintos poderes del Estado.

 La Procuraduría General de la Nación, dirigida por un oscurantista y fanático religioso, adelantó una investigación disciplinaria que terminó ordenando su destitución e inhabilitándolo por 15 años para ejercer cargos públicos, una sanción absurdamente desproporcionada.
 El Alcalde hizo uso de los recursos legales y obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Bogotá que luego fue echado a tierra por el Consejo de Estado, que dejó en firme la decisión del Procurador. La Presidenta de este organismo aclaró públicamente que el fallo sólo quedaría en firme cuando fuera firmado por todos los magistrados que lo aprobaron y cuando se recibieran los salvamentos de voto de quienes estuvieron en contra; sin embargo, sin que se hubiera cumplido este requisito, es decir, sin que existiera aún materialmente el fallo, el Procurador procedió a solicitarle la destitución del Alcalde al Presidente de la República y este no tuvo el menor inconveniente en acatar la solicitud del Procurador. De qué independencia puede hablarse cuando el Procurador fue candidatizado por el Consejo de Estado para que fuera reelegido por el Congreso y cuando son de público conocimiento los vínculos burocráticos entre altos funcionarios de las dos entidades? Por lo demás, la historia enseña con numerosos ejemplos que cuando están de por medio sus intereses, la burguesía no vacila en pisotear su propia legalidad. Díganlo si no los numerosos golpes de Estado que se han ejecutado en América Latina y en otras regiones del mundo.

 El Alcalde también apeló a los recursos legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la fecha del 18 de marzo, en una decisión unánime, le solicitó al Presidente de Colombia medidas cautelares consistentes en mantener al Alcalde en su cargo mientras producía un fallo de fondo, a fin de evitar perjuicios irreparables. En un hecho sin precedentes en la historia jurídica del país, el Presidente, que había prometido acatar lo decidido por la CIDH, se negó a cumplir dichas medidas y procedió a la destitución, haciendo caso omiso de la Constitución, que establece que los tratados internacionales debidamente ratificados hacen parte del bloque de constitucionalidad.
 El Alcalde Petro no ha sido condenado por ningún delito que justifique despojarlo de su derecho ciudadano a ejercer cargos públicos y su permanencia ha debido ser decidida mediante referendo por los ciudadanos, que fueron quienes lo eligieron, y no por una autoridad  administrativa, como el Procurador.

 De lo que se trata, entonces, es de una decisión claramente política tomada por el Presidente de la República para congraciarse con los sectores más derechistas, con el cálculo de que de esa manera va a conseguir votos para su aspiración reeleccionista. Su preocupación por los bajos índices de popularidad que registra en las encuestas de opinión lo llevan a estas salidas desesperadas que, paradójicamente, le pueden producir resultados contrarios a los que espera, sin importarle que con ellas, además de llevarse por delante la legalidad, atropella gravemente la mísera democracia que a duras penas subsiste en Colombia.
 Este hecho execrable también puede tener repercusiones dañinas en el proceso de conversaciones que se adelanta en La Habana. Qué confianza puede tener la insurgencia en que habrá garantías para hacer política desde la vida civil, cuando un alcalde de la oposición es despojado de su investidura y condenado al ostracismo político con los más deleznables procedimientos?

 Produce repudio e indignación que mientras en la administración pública campea la corrupción en medio de la impunidad y mientras acaban de ser elegidos numerosos congresistas señalados de ser herederos del paramilitarismo o de tener vínculos con la corrupción y otras expresiones de la ilegalidad, el Alcalde de la capital del país sea destituido, no por haber robado o haber sido condenado como delincuente, sino porque se apartó de las políticas del régimen dominante y porque hay un Presidente de la República en campaña electoral que busca votos por cualquier medio.
 Lo ocurrido con el Alcalde Petro debe servir para que los sectores democráticos, progresistas y de izquierda tomen conciencia de la necesidad de construir un proyecto unitario que se convierta en alternativa política para el pueblo colombiano y que tenga la fuerza suficiente para abrirles paso a los cambios avanzados que necesita la sociedad colombiana para tener una verdadera democracia en un país en paz, soberano y con justicia social.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







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