El Servicio de Investigaciones Criminales de la Armada de Estados Unidos (NCIS) busca que el Gobierno de Puerto Rico arreste a sospechosos de haber participado de un ataque armado a una instalación naval estratégica ocurrido en 1979, según el periódico Stars and Stripes, pero el Departamento de Justicia de esta pequeña nación dice no saber nada del asunto.
De acuerdo al informe, NCIS identificó desde hace años a dos de los
tiradores que mataron dos e hirieron diez en un ataque a una base del sistema
ECHELON en Sabana Seca, al oeste de San Juan, pero en Puerto Rico no se les
aceptaron las pruebas que presentaron, por lo que un grupo de la agencia se
propone viajar otra vez a esta colonia estadounidense para tratar de convencer a
las autoridades puertorriqueñas.
El renovado requerimiento se divulga en un momento de debilidad extrema
para el gobierno autonomista, que se enfrenta a una crisis económica y política
de perfiles inéditos, lo que afecta sus posibilidades reales para resistir a la
Armada de EEUU en una nueva confrontación. Así ha quedado demostrado con las
cifras estadísticas recopiladas por el Estado.
A pesar de la reducción de más de 20 por ciento en el denominado “grupo
trabajador” en siete años –de 1.450.000 en 2007 a 1.148.000 en 2014- dicha baja
no ha servido para aumentar la tasa de participación laboral. Por el contrario,
la tasa de participación llegó a 39,9 por ciento en abril, la primera vez que
baja tanto en toda la historia del régimen autonomista denominado Estado Libre
Asociado, según consta en la base de datos laborales revisada mes a mes desde
1970 y las bases estadísticas previas recopiladas por el Departamento del
Trabajo.
De hecho, desde 1950 por lo menos, cuando la tasa de participación era de
55 por ciento, se mantuvo una curva zigzagueante que a veces subía hasta 48 y
bajaba hasta 42, pero nunca por debajo de 40 por
ciento.
El director del Instituto de Estadísticas del Gobierno, Mario Marassi,
dijo con alivio en marzo pasado que “llama la atención cómo la tasa de
participación nunca bajó por debajo de 40 por ciento”, para advertir de
inmediato que “de haber ocurrido en realidad, Puerto Rico hubiera sido el único
país en el mundo con esta distinción, peor que en países como Iraq, Jordania,
Bosnia y Palestina”.
Las palabras del doctor Marassi se convirtieron en realidad apenas un mes
después, cuando la estadística de empleo total se marcó en 994.000 y así cruzó,
hacia abajo, la barrera del millón de empleos, otra cifra inédita. Los años
sostenidos de crisis desde el retiro de los privilegios tributarios por parte de
EEUU a las inversiones de capital estadounidense en Puerto Rico en 2005 y el
cierre parcial del Estado en 2006, han tenido un efecto tal que los 250.000
puestos de trabajo creados en los 16 meses de gobierno autonomista se han
anulado con la pérdida de cerca de 300.0000 empleos en el mismo
período.
Esas bajas han ayudado a que continúe la acumulación de pérdidas netas de
miles y miles de empleos en todos los renglones durante la prolongada
crisis.
Así las cosas, el Gobierno está a la merced de los inversionistas
aventureros de Wall Street, pues el nivel del crédito ha sido bajado al nivel
conocido como “basura”, por lo que la capacidad para resistir cualquier presión
del Gobierno estadounidense –en este caso de la Armada- está muy degradada, si
es que existe.
La última participación notoria de un gobierno autonomista en la
represión contra el independentismo fue en 2005, cuando el Gobierno de Puerto
Rico cooperó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una operación que
era oficialmente para arrestar al comandante general del Ejército Popular
Boricua, Filiberto Ojeda Ríos. En aquella operación, un francotirador del grupo
comando que asaltó la casa hirió al veterano comandante de los Macheteros y
luego le dejaron morir desangrado, lo que motivó que desde entonces el Gobierno
puertorriqueño se esforzara en distanciarse de los
hechos.
Esta vez, el pedido sería para que el propio gobierno puertorriqueño tome
el papel protagónico en la labor de capturar personas que forman parte o han
sido del sector militar clandestino del
independentismo.
El comunicado oficial de NCIS al que hace referencia la nota periodística
es el relato de la confesión de uno de los participantes en los hechos
sangrientos de Sabana Seca, que se produjo este año en un tribunal en Nueva
York. La declaración no hace referencia sobre el pedido al gobierno
puertorriqueño para más arrestos.
Donde aparece ese aspecto es en la nota publicada por Stars and Stripes,
que sirve a las fuerzas armadas y mantiene una línea editorial independiente, en
el que se reproduce la crónica del reportero Jim Schoettler, del Mayport Mirror,
de Jacksonville, donde está la base de la oficina de campo de NCIS con
jurisdicción sobre el Caribe.
“El Departamento de Justicia de Puerto Rico no ha encontrado ninguna evidencia hasta el momento de que la Marina de EEUU haya intentado presentar pruebas sobre esos hechos”, declaró en reacción a esa noticia el fiscal Alberto Valcárcel, jefe de la división de Integridad Pública a través de un portavoz del Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.
La encrucijada actual se presenta similar a cuando la crisis económica de
los años treinta del siglo pasado fue marco para el ahondamiento del proceso de
ruptura de los autonomistas con los independentistas que se había iniciado en
1920 y que tuvo uno de sus puntos culminantes con la rebelión de 1950 y las
oleadas represivas que le sucedieron.
En aquellos años, la jefatura autonomista buscaba el apoyo de Washington
para sacar al país del desastre económico y obtener reformas políticas, para lo
que logró primero una alianza con las clases populares y luego usó las fuerzas
armadas y los arrestos masivos para enfrentar al Partido Nacionalista y al
Partido Independentista Puertorriqueño.
NCM-SJ-26-05-14-08
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