Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas ante
la Asamblea Nacional, consideró INACEPTABLE el contrato-estafa con
Barrick Gold (suscrito por Leonel Fernández y refrendado por esa misma
Asamblea), específicamente en cuanto a los reducidos que
recibiría el Estado dominicano de perdurar el régimen fiscal consignado en ese
texto, en momentos en que los precios del oro se han disparado a un nivel superior
a los 1,700 millones de dólares la onza troy y que la empresa se quedaría con
el 97 por ciento de las ganancias generadas.
El presidente Medina -necesitado su gobierno de fondos, como resultado del grave déficit provocado por la corruptela de la anterior administración de su propio partido- se apoyó en la gran avalancha nacional contra la Barrick para presionar a ese consorcio transnacional a una renegociación de los ingresos del Estado, bajo amenaza de presentar un proyecto de ley que grave las exportaciones de minerales en función de las alzas de precios en el mercado mundial, si los directivos de Barrick se siguen resistiendo a un acuerdo “amigable”.
Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con
el propósito de que el Estado del país dueño del oro y la plata en disputa
reciba más ingresos que la ridícula suma asignada; incluso que reciba los
ingresos que justamente le corresponden por la explotación y exportación de
esos valiosos recursos no renovables.
PERO HAY MÁS EN ESE TEMA.
Hasta ahí las cosas pintan bien, en contraste con la
asociación de malhechores que constituyeron la Barrick, los ladroneles y una
gran parte de los/as legisladores/as cuando impusieron ese adefesio llamado
contrato. Por eso los aplausos oportunistas como los aplausos sinceros y los
pronunciamientos de apoyo que se quedan flotando en la capa superficial de un
asunto mucho más grave y complejo; sin que falten las caras compungidas.
Porque no se trata de ese único aspecto, ni del soborno
implícito en la propuesta que Barrick Gold le hizo al gobierno de pagarle por
adelantado los impuestos que le corresponderían a la próxima Administración,
justamente rechazada.
Danilo definió
a la Barrick como una empresa seria y destacó su supuesto compromiso con la
defensa del medio ambiente, cuando mundialmente han sido denunciadas sus
depredaciones, sus crímenes ecológicos, sus abusos, sus represiones; cuando se
conoce que entre sus dueños está la familia Bush, Cisneros y magnates
pinochetista duchos en despojos, guerras de rapiña y expoliaciones; cuando se
han denunciado las atrocidades que ha hecho en Cotuí y se sabe la implicaciones
del uso del cianuro, prohibido su empleo por los países de la Unión Europea y
muchas otras naciones; cuando además de apropiarse gratuitamente de toda el
agua que necesita procedente de la presa de Hatillo, ya es visible la
depredación, la contaminación y la prepotencia; mientras la llamada presa de
cola puede devenir en catástrofe ecológica.
También es INACEPTABLE
esa mediocre actitud de Presidente Medina frente a un aspecto tan crucial para
la vida de nuestro país.
Porque las
entrañas de Barrick Gold –repito- son realmente terribles: repletas de cianuro,
paramilitares, dólares sucios, sobornos, saqueadores de oro y plata, agentes de
la CIA, oficiales del Pentágono, Bush-es, Cisneros, Rochas, depredadores de
montañas, ríos y glaciales.
LA MANIOBRA DANILISTA
OBVIA OTRAS CUESTIONES VITALES.
A nuestro
entender Danilo Medina y su equipo están fundamentalmente empeñados en una
maniobra política conducente a quitarle a la cuestionada y arrinconada barriga
gorda de la Gold una parte de la grasa; en una astuta maniobra para lograr que
esa empresa, ahora sometida a una justa presión popular, le ceda un monto más o
menos significativo de dólares más, para a continuación procurar legitimar lo
que el pueblo ha ilegitimado.
En tales
circunstancias, el clamor popular y la voluntad nacional en pro de la superación
de las tenebrosas perspectivas abiertas por la presencia en nuestro país de la
Barrick Gold y otras corporaciones mineras, no deberían emplearse solo para
exigir la renegociación de ese leonino contrato con el único interés de lograr
mayores ingresos gubernamentales, para de nuevo pasarlo por el Congreso y
quitarle algo de su mal olor.
Más allá de ese limitado y controversial interés está el
grave riego que para la vida de nuestra gente y nuestra isla conlleva la
explotación de enormes reservas de oro y la plata empleando cianuro o cualquier
otro método contaminante.
Está en juego el destino de nuestras reservas de agua,
bosques y tierras cultivables; incluida la presa de Hatillo, fuente de agua
gratis para la barriga de la Barrick. El costo ambiental que podría ser mucho
más alto que unos dólares más.
Está en juego, además, la soberanía del país sobre esos
valiosos recursos y ese hermoso territorio (suelo, subsuelo y sobresuelo),
convertido en una especie de república aparte, con autoridades civiles y militares
subordinadas y tropas de choque mercenarias.
Como también está el problema de la mayoría de acciones,
del rol de la parte dominicana en la gestión de esa empresa, del monto de las
ganancias del Estado y de su provecho para la sociedad… puesto que es de
principio que la inversión de los beneficios de la explotación del cualquier
recurso no renovable debería ser más perdurable y socialmente útil que el
propio recurso.
ANULACIÓN Y
NACIONALIZACIÓN.
La revisión de un contrato así, entre un gobierno
articulado a la dependencia y a la globalización neoliberal y una Barrick Gold ecocida y criminal, huele
a una mediatización, a una transacción que deje a un lado cuestiones vitales
como las señaladas; o en caso de no arribarse a acuerdos, a una ley referida
exclusivamente a la cuestión fiscal.
Esa concepción calimocha y timorata sobre el tema minero
explican también los silencios en ese
discurso presidencial sobre Loma Miranda-Falcondo, sobre los yacimientos
neurálgicos de Loma Mala, San Juan de la Maguana y Sierra de los Siete Pico y sobre las
innumerables concesiones mineras que amenazan las fuentes de agua de la
Cordillera Central.
En el caso de la Barrick Gold no hay de otra:
hay que exigir anular ese contrato, recuperar la soberanía sobre esos recursos
y ese territorio, y decidir qué hacer en función del interés del país y de
nuestra sociedad, sobre la base que las riquezas del subsuelo son nuestras, que
solo son explotables si su extracción no causa daños irreparables al suelo y al
sobresuelo de la isla; y teniendo siempre presente de que en cualquier caso de asociación del
Estado con otros Estados o con empresas criollas y extranjeras, al pueblo
dominicano le pertenece la mayoría de las acciones del consorcio mixto
conformado y la mayoría de las ganancias, así como el derecho a la trasferencia
de tecnología y a la generación de
tecnología apropiada.
No basta, además, hablar en general de invertir los
beneficios de la explotación de esos recursos no renovables en planes sociales,
sin precisar que el valor de su inversión debe ser perdurable, reproductivo y
socialmente útil, con capacidad de generar un valor superior al recurso
extraído. Y vale subrayar la necesidad de los esfuerzos adicionales para procesar y refinar esos minerales, agregando
valor, empleos y beneficios.
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