¿DEMOCRACIA CON “GRILLETES”...... O “ESCLAVOS” CON PRIVILEGIOS?

Por Dra. María Villeneuve*

El fundamento principal de la Democracia es la participación y se distingue por el respeto al derecho de todo sistema y  persona a ser libre en todas sus dimensiones humanas y sociales para decidir y hacer.  No obstante, un sistema de democracia condicionada, esto es, con "Grilletes" no es democracia .  En el caso de la Isla de Borinken, no es práctica democrática ....

Cuando a todo un Pueblo le imponen una ciudadanía que no es la Borikua y la Borikua es invisible sin valor legal,

 

Cuando imponen el monopolio de una marina mercante norteamericana que controla el comercio de todo lo que entra y sale de la Isla, 

Cuando el FBI norteamericano interviene en asuntos internos de la Isla de Borinken por encima de leyes de la legislatura colonial,

Cuando existe un Tribunal de Justicia Federal en la Isla con todas sus implicaciones,

Cuando esta Administracion Colonial Insular es un gobierno "Títere" (de marioneta) en lenguaje Internacional aparte de los matices de corrupción que le tiñen para administrar la Colonia pero al servicio de la metrópoli,

Cuando la Constitución Norteamericana prevalece por encima de la llamada constitución del ELA (por no ser ni Estado, ni Libre, ni Asociado sólo el disfraz de la dependencia Colonial),

Cuando el Gobierno norteamericano realiza sus experimentos con la población Borikua sin el conocimiento ni consentimiento del Pueblo (prá

cticas militares, experimentación con el agente naranja en nuestros bosques, pastillas anticonceptivas suministradas a nuestras mujeres sin su conocimiento y consentimiento, Chemtrails, Monsanto, entre otras a descubrir),

 

 

Cuando nos usan como su mercado cautivo ante la invasión monopolística de transnacionales, megatiendas, "fast foods" norteamericanos,

Cuando el diseño de educación y propaganda mediática está dirigido a la implantación de un sistema de asimilación  sociocultural y neoliberal capitalista salvaje.

Cuando los plebiscitos supuestamente de "libre determinación" están sujetos y condicionados, incluyendo las fórmulas definitorias de estatus, a la  APROBACIÓN

del Congreso de los Estados Unidos.

¿Qué otros "Grilletes" existen en la falsa Democracia que se practica en la Colonia?

Al ser Borinken una isla Invadida militarmente y ocupada bajo esos términos por 116 años también conlleva el 'Apartheid' discriminatorio y excluyente internacionalmente y la democracia condicionada continúa siendo de o para... ¿Esclavos con Privilegios concedidos por el Amo dominador de Vida y Hacienda?  Analice Usted.

 

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*La Dra. Villanueve es ciudadana-legisladora en la Asamblea Nacional del Estado Nacional Soberano de Borinken

COYUNTURA DELICADA PARA PUERTO RICO

por Jesús Davila

El Servicio de Investigaciones Criminales de la Armada de Estados Unidos (NCIS) busca que el Gobierno de Puerto Rico arreste a sospechosos de haber participado de un ataque armado a una instalación naval estratégica ocurrido en 1979, según el periódico Stars and Stripes, pero el Departamento de Justicia de esta pequeña nación dice no saber nada del asunto.

De acuerdo al informe, NCIS identificó desde hace años a dos de los tiradores que mataron dos e hirieron diez en un ataque a una base del sistema ECHELON en Sabana Seca, al oeste de San Juan, pero en Puerto Rico no se les aceptaron las pruebas que presentaron, por lo que un grupo de la agencia se propone viajar otra vez a esta colonia estadounidense para tratar de convencer a las autoridades puertorriqueñas.

 

El renovado requerimiento se divulga en un momento de debilidad extrema para el gobierno autonomista, que se enfrenta a una crisis económica y política de perfiles inéditos, lo que afecta sus posibilidades reales para resistir a la Armada de EEUU en una nueva confrontación. Así ha quedado demostrado con las cifras estadísticas recopiladas por el Estado.

A pesar de la reducción de más de 20 por ciento en el denominado “grupo trabajador” en siete años –de 1.450.000 en 2007 a 1.148.000 en 2014- dicha baja no ha servido para aumentar la tasa de participación laboral. Por el contrario, la tasa de participación llegó a 39,9 por ciento en abril, la primera vez que baja tanto en toda la historia del régimen autonomista denominado Estado Libre Asociado, según consta en la base de datos laborales revisada mes a mes desde 1970 y las bases estadísticas previas recopiladas por el Departamento del Trabajo.

De hecho, desde 1950 por lo menos, cuando la tasa de participación era de 55 por ciento, se mantuvo una curva zigzagueante que a veces subía hasta 48 y bajaba hasta 42, pero nunca por debajo de 40 por ciento.

 

El director del Instituto de Estadísticas del Gobierno, Mario Marassi, dijo con alivio en marzo pasado que “llama la atención cómo la tasa de participación nunca bajó por debajo de 40 por ciento”, para advertir de inmediato que “de haber ocurrido en realidad, Puerto Rico hubiera sido el único país en el mundo con esta distinción, peor que en países como Iraq, Jordania, Bosnia y Palestina”.

Las palabras del doctor Marassi se convirtieron en realidad apenas un mes después, cuando la estadística de empleo total se marcó en 994.000 y así cruzó, hacia abajo, la barrera del millón de empleos, otra cifra inédita. Los años sostenidos de crisis desde el retiro de los privilegios tributarios por parte de EEUU a las inversiones de capital estadounidense en Puerto Rico en 2005 y el cierre parcial del Estado en 2006, han tenido un efecto tal que los 250.000 puestos de trabajo creados en los 16 meses de gobierno autonomista se han anulado con la pérdida de cerca de 300.0000 empleos en el mismo período.

Esas bajas han ayudado a que continúe la acumulación de pérdidas netas de miles y miles de empleos en todos los renglones durante la prolongada crisis.

Así las cosas, el Gobierno está a la merced de los inversionistas aventureros de Wall Street, pues el nivel del crédito ha sido bajado al nivel conocido como “basura”, por lo que la capacidad para resistir cualquier presión del Gobierno estadounidense –en este caso de la Armada- está muy degradada, si es que existe.

 

La última participación notoria de un gobierno autonomista en la represión contra el independentismo fue en 2005, cuando el Gobierno de Puerto Rico cooperó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una operación que era oficialmente para arrestar al comandante general del Ejército Popular Boricua, Filiberto Ojeda Ríos. En aquella operación, un francotirador del grupo comando que asaltó la casa hirió al veterano comandante de los Macheteros y luego le dejaron morir desangrado, lo que motivó que desde entonces el Gobierno puertorriqueño se esforzara en distanciarse de los hechos.

 

Esta vez, el pedido sería para que el propio gobierno puertorriqueño tome el papel protagónico en la labor de capturar personas que forman parte o han sido del sector militar clandestino del independentismo.

El comunicado oficial de NCIS al que hace referencia la nota periodística es el relato de la confesión de uno de los participantes en los hechos sangrientos de Sabana Seca, que se produjo este año en un tribunal en Nueva York. La declaración no hace referencia sobre el pedido al gobierno puertorriqueño para más arrestos.

 

Donde aparece ese aspecto es en la nota publicada por Stars and Stripes, que sirve a las fuerzas armadas y mantiene una línea editorial independiente, en el que se reproduce la crónica del reportero Jim Schoettler, del Mayport Mirror, de Jacksonville, donde está la base de la oficina de campo de NCIS con jurisdicción sobre el Caribe.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico no ha encontrado ninguna evidencia hasta el momento de que la Marina de EEUU haya intentado presentar pruebas sobre esos hechos”, declaró en reacción a esa noticia el fiscal Alberto Valcárcel, jefe de la división de Integridad Pública a través de un portavoz del Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.

La encrucijada actual se presenta similar a cuando la crisis económica de los años treinta del siglo pasado fue marco para el ahondamiento del proceso de ruptura de los autonomistas con los independentistas que se había iniciado en 1920 y que tuvo uno de sus puntos culminantes con la rebelión de 1950 y las oleadas represivas que le sucedieron.

 

En aquellos años, la jefatura autonomista buscaba el apoyo de Washington para sacar al país del desastre económico y obtener reformas políticas, para lo que logró primero una alianza con las clases populares y luego usó las fuerzas armadas y los arrestos masivos para enfrentar al Partido Nacionalista y al Partido Independentista Puertorriqueño.

NCM-SJ-26-05-14-08

 

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LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE DE BOGOTÁ PISOTEA LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD Y ATENTA CONTRA LA PAZ

por Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República de Colombia

La destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del Presidente de la República Juan Manuel Santos, constituye una violación flagrante de la Constitución Política de Colombia, un golpe alevoso a la precaria democracia colombiana, un atentado criminal contra el proceso de paz y un desconocimiento vulgar de la legalidad internacional.

 Los ideólogos del régimen afirman con frecuencia que uno de los pilares de la democracia es la independencia de los poderes del Estado, sin perjuicio de la colaboración armónica entre ellos. Esta tesis no es más que una de las tantas falacias que se difunden entre la opinión pública para legitimar el sistema dominante. Independencia de qué o de quién? Acaso los tres poderes y los organismos electorales y de control no están regidos por los mismos dueños del poder económico y político del país?

 El caso del Alcalde Gustavo Petro es suficientemente ilustrativo. Todos los poderes se conjugaron para lograr el objetivo de recuperar para el establecimiento el segundo cargo más importante del país que estuvo en manos de gobiernos alternativos durante más de 10 años:

 Los partidos de la derecha, los gremios económicos, la gran prensa, las mayorías del Congreso de la República y los distintos poderes del Estado.

 La Procuraduría General de la Nación, dirigida por un oscurantista y fanático religioso, adelantó una investigación disciplinaria que terminó ordenando su destitución e inhabilitándolo por 15 años para ejercer cargos públicos, una sanción absurdamente desproporcionada.

 El Alcalde hizo uso de los recursos legales y obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Bogotá que luego fue echado a tierra por el Consejo de Estado, que dejó en firme la decisión del Procurador. La Presidenta de este organismo aclaró públicamente que el fallo sólo quedaría en firme cuando fuera firmado por todos los magistrados que lo aprobaron y cuando se recibieran los salvamentos de voto de quienes estuvieron en contra; sin embargo, sin que se hubiera cumplido este requisito, es decir, sin que existiera aún materialmente el fallo, el Procurador procedió a solicitarle la destitución del Alcalde al Presidente de la República y este no tuvo el menor inconveniente en acatar la solicitud del Procurador. De qué independencia puede hablarse cuando el Procurador fue candidatizado por el Consejo de Estado para que fuera reelegido por el Congreso y cuando son de público conocimiento los vínculos burocráticos entre altos funcionarios de las dos entidades? Por lo demás, la historia enseña con numerosos ejemplos que cuando están de por medio sus intereses, la burguesía no vacila en pisotear su propia legalidad. Díganlo si no los numerosos golpes de Estado que se han ejecutado en América Latina y en otras regiones del mundo.

 El Alcalde también apeló a los recursos legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la fecha del 18 de marzo, en una decisión unánime, le solicitó al Presidente de Colombia medidas cautelares consistentes en mantener al Alcalde en su cargo mientras producía un fallo de fondo, a fin de evitar perjuicios irreparables. En un hecho sin precedentes en la historia jurídica del país, el Presidente, que había prometido acatar lo decidido por la CIDH, se negó a cumplir dichas medidas y procedió a la destitución, haciendo caso omiso de la Constitución, que establece que los tratados internacionales debidamente ratificados hacen parte del bloque de constitucionalidad.

 El Alcalde Petro no ha sido condenado por ningún delito que justifique despojarlo de su derecho ciudadano a ejercer cargos públicos y su permanencia ha debido ser decidida mediante referendo por los ciudadanos, que fueron quienes lo eligieron, y no por una autoridad  administrativa, como el Procurador.

 De lo que se trata, entonces, es de una decisión claramente política tomada por el Presidente de la República para congraciarse con los sectores más derechistas, con el cálculo de que de esa manera va a conseguir votos para su aspiración reeleccionista. Su preocupación por los bajos índices de popularidad que registra en las encuestas de opinión lo llevan a estas salidas desesperadas que, paradójicamente, le pueden producir resultados contrarios a los que espera, sin importarle que con ellas, además de llevarse por delante la legalidad, atropella gravemente la mísera democracia que a duras penas subsiste en Colombia.

 Este hecho execrable también puede tener repercusiones dañinas en el proceso de conversaciones que se adelanta en La Habana. Qué confianza puede tener la insurgencia en que habrá garantías para hacer política desde la vida civil, cuando un alcalde de la oposición es despojado de su investidura y condenado al ostracismo político con los más deleznables procedimientos?

 Produce repudio e indignación que mientras en la administración pública campea la corrupción en medio de la impunidad y mientras acaban de ser elegidos numerosos congresistas señalados de ser herederos del paramilitarismo o de tener vínculos con la corrupción y otras expresiones de la ilegalidad, el Alcalde de la capital del país sea destituido, no por haber robado o haber sido condenado como delincuente, sino porque se apartó de las políticas del régimen dominante y porque hay un Presidente de la República en campaña electoral que busca votos por cualquier medio.

 Lo ocurrido con el Alcalde Petro debe servir para que los sectores democráticos, progresistas y de izquierda tomen conciencia de la necesidad de construir un proyecto unitario que se convierta en alternativa política para el pueblo colombiano y que tenga la fuerza suficiente para abrirles paso a los cambios avanzados que necesita la sociedad colombiana para tener una verdadera democracia en un país en paz, soberano y con justicia social.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuerpo de las mujeres fue “botín de guerra” durante la dictadura uruguaya

Durante la última dictadura uruguaya, "el cuerpo de las mujeres fue utilizado como botín de guerra", afirma Beatriz Benzano, quien décadas después del régimen promovió, junto a otras expresas políticas, la primera demanda colectiva por violencia sexual ejercida contra las detenidas en ese periodo.

 

                                            Beatriz Benzano. ex-monja, tupamara, sometida a torturas y abusos en la dictadura

Lo que hicieron los militares con las mujeres detenidas fue “un crimen de guerra”, asegura Beatriz, exmonja que luego militó en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), guerrilla urbana que se inició en la década del 60 y fue derrotada militarmente en 1972, antes que comenzara la última dictadura (1973-1985).

 

“El cuerpo de la mujer era usado como botín de guerra, en los cuarteles nos entregaban a la tropa para que hicieran lo que quisieran con nosotras. Y como campo de batalla, por eso lo hacían delante de compañeros o esposos”, relata Beatriz, quien estuvo encarcelada entre 1972 y 1976.

Ella es una de las 28 expresas políticas que presentaron en octubre de 2011 una denuncia contra más de un centenar de militares, policías, médicos y enfermeros que participaron de las torturas y abusos sexuales contra las detenidas.

La denuncia sostiene que las detenidas sufrieron especialmente “en su condición de mujeres”.

 

El ensañamiento era mayor “por el hecho de ser mujeres y por ser ellos una institución tan jerarquizada, autoritaria y machista”, sostiene Beatriz. “No podían tolerar que nosotras nos hubiéramos salido del rol tradicional de esposas, madres, amas de casa”.

“La desnudez forzada era lo primero que nos hacían, al llegar al cuartel nos arrancaban la ropa. En esa situación de vulnerabilidad e indefensión empezaban a torturarnos y a hacer algunas prácticas de violencia sexual”, recuerda, con la mirada empañada.

 

Cientos de denuncias

Si bien hay unos 15 condenados en los últimos años en Uruguay por delitos cometidos durante la dictadura -entre ellos los exdictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry-, todos fueron culpados por el delito de homicidio.

Con el regreso de la democracia en 1985 y la aprobación un año después de una ley que frenó las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, los detenidos callaron las torturas.

“Lo que hicimos fue pelear por memoria y verdad, tratar de encontrar a los desaparecidos, nos parecía que era lo más urgente”, señaló Benzano.

Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara en 2011 a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, las expresas evaluaron que ahora sí podían denunciar. Pero se toparon con la gran dificultad para hablar del tema.

“Hablamos con más de un centenar de compañeras, invitándolas a hacer la denuncia, algunas que sabíamos que habían sido violadas, y al final quedamos 28 haciendo la denuncia. Hay compañeras del grupo que jamás lo habían hablado con su compañero o durante 30 años de terapia no se lo habían dicho al terapeuta ni a nadie“, relata Beatriz.

Un proceso similar vivieron 90 expresos y expresas que presentaron una denuncia separada, también en 2011, por las torturas y tratos degradantes cometidos en las prisiones uruguayas, que llegaron a albergar unos 6.000 presos políticos.

También en este caso, “más allá de identificar a los responsables y castigarlos por un delito cometido, para nosotros lo fundamental es que se avance en la jurisprudencia en el país para que este tipo de delitos nunca más ocurran. Y que si ocurren, que haya instrumentos jurídicos reales y efectivos para castigarlos“, dijo a la AFP Clarel de los Santos, exdetenido y uno de los impulsores de esta denuncia.

De los Santos sostiene que “durante muchos años se negó que la tortura hubiera existido, una parte importante de la población no creyó”.

“Por eso nos parece ponerlo en el tapete: que existió tortura, que la tortura generó secuelas en una cantidad de gente que nunca pudo rehabilitarse, que en general cambió para siempre a las personas que fueron torturadas. Aunque hayan hecho esfuerzos por canalizar su vida no fue lo mismo”, enfatizó.

Beatriz coincide en que la sociedad uruguaya ha recibido las denuncias sobre torturas “con asombro, como si nunca hubieran oído hablar (de esto)”.

“Creo que también todo el mundo trató de olvidar lo peor: el horror del terrorismo de Estado”, sostiene. “Que estaban todos los cuarteles y las comisarías del país convertidos en centros de tortura y de exterminio, con cuerpos colgados del aire, balanceándose como muñecos, desnudos siempre. Cuerpos tirados, amontonados, mugrientos, sangrientos, desfigurados por los golpes en la cara, en todo el cuerpo, en los genitales, donde se ensañaban, ultrajados, pisoteados”.

Ambas denuncias están actualmente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para que el máximo tribunal resuelva si se pliega al pedido de la defensa de los acusados, que sostienen que los delitos prescribieron, basándose en un fallo emitido por la propia SCJ para otro caso este año.

Sin embargo, en estos dos casos las víctimas aseguran que seguirán adelante.

“Es urgente, no podemos dejar ese fardo a las generaciones venideras”, dice Beatriz. “Los hijos y los nietos de ellos oyen que sus padres o abuelos siguen reivindicando lo que hicieron. El trabajo es de justicia pero también por un nunca más”.

 

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DOSSIER LARED21: 40 AÑOS DEL GOLPE

 

 

 

 

El FBI en Puerto Rico: Trucos sucios e intrigas sangrientas

por Carmelo Ruiz Marrero

"Nos clasificaron o catalogaron como subversivos por emitir "libremente" nuestras opiniones y nuestras ideologías distintas, al reclamar los derechos  estatuidos por el propio sistema, al clamar por justicia, al abogar por mejores condiciones de vida, de trabajo y políticas. Y somos una nación subversiva, sin que ello sea ilegal, ni delictivo, sino porque es nuestro derecho."  - José Juan Nazario y Juan Santiago

 

 

En nuestro artículo de bienvenida al nuevo jefe de la oficina local del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Patrick Daly, mencionamos a COINTELPRO, un programa del Negociado para exterminar la disidencia en la Gran Democracia Americana. El director del FBI, J. Edgar Hoover, inauguró COINTELPRO en 1960 y continuó oficialmente hasta 1971. 

 

 

Este programa no se limitó, como muchos parecen creer, a operativos contra el Partido Comunista  (prácticamente inexistente en los 60) e izquierdosos ponebombas (como el Weather Underground), sino también los hubo contra el movimiento de derechos civiles y su líder Martin Luther King, el movimiento contra la guerra de Vietnam y el movimiento independentista puertorriqueño. Noten que no dije 'Partido Nacionalista' o 'Comandos Armados de Liberación'. Los documentos desclasificados del FBI indican que COINTELPRO tenía todo el independentismo señalado para el exterminio.

 

Los operativos de COINTELPRO iban más allá de la mera vigilancia grupos disidentes (la cual era de por sí ilegal e inconstitucional); buscaban desarticularlos,  desacreditarlos ante la opinión pública, y destruirlos. Esto lo reconoce la Comisión Church del Senado de Estados Unidos. Tras el escándalo de Watergate, el Senado formó dicha Comisión, encabezada por el demócrata Frank Church, para investigar las actividades ilegales de la CIA y el FBI. 

 

En su informe final, presentado en 1976, la Comisión  reconoció que el FBI tomó la ley en sus manos con COINTELPRO. "El FBI impuso castigo sumario, no sólo  contra los alegadamente violentos, sino también contra los promotores del cambio no-violento", dice el documento.

 

Los documentos disponibles del FBI muestran que entre agosto y diciembre de 1960 la oficina del Negociado en San Juan inició operativos contra el Movimiento Pro Independencia y la Federación de Universitarios Pro Independencia. Estos operativos incluían:

 

          *  La interceptación de conversaciones telefónicas. 

          *  Circular cartas y documentos anónimos para causar discordia entre 

              organizaciones independentistas.

          *  Difamar mediante caricaturas distribuidas a periódicos locales.

          *  Intentar impedir que el independentismo tenga acceso a los medios de c

              comunicación masiva.

          *  Infiltrar informantes y agentes provocadores.

          *  Sabotaje y daños a la propiedad de organizaciones e individuos.

En estos esfuerzos, el FBI contó con la cooperación de la Policía de Puerto Rico. Según el profesor Ramón Bosque: "Resulta evidente que el modelo de persecución política que representa el caso de las carpetas en Puerto Rico fue acuñado precisamente en Estados Unidos bajo la tutela del FBI. Más aún, su puesta en práctica por la Policía de Puerto Rico a lo largo de los años estuvo, no sólo inspirada en dichas prácticas del FBI, sino supervisada y en buen grado dirigida por dicho organismo federal."

 

 

 

Muy democrático el FBI

 

Las acciones del FBI contra el independentismo  incluyeron interferencia directa en eventos electorales. Esto es particularmente significativo, ya que las elecciones son sagradas en el modelo de Democracia a la Americana, y a los estudiantes se les enseña que la mayor virtud del sistema político estadounidense es que los ciudadanos de Estados Unidos escogen sus líderes y opciones políticas libremente mediante el voto. Pero los documentos del FBI cuentan otra historia.

El FBI hizo todo lo posible por romper el consenso entre los sectores independentistas ante el plebiscito  muñocista de 1967. Según las investigadoras Carmen  Gautier Mayoral y Teresa Blanco Stahl: "De las 500 páginas de documentos a nuestra  disposición, casi una décima parte- o 46- bregan con trucos para evitar el éxito de la huelga electoral para el plebiscito. Cubre un periodo de diez meses antes del plebiscito del 23 de julio de 1967. Comienza el periodo con una carta del 2 de septiembre de 1966 al Agente Especial a Cargo en San Juan del director del FBI, horrorizado por el acercamiento que hiciera el presidente del PIP Dr. Gilberto Concepción de Gracia en agosto de 1966 al Lcdo. Juan Mari Brás."

 

 

Empapados de sangre

Además del espionaje, hostigamiento, infiltración de informantes y provocadores y sabotaje de procesos electorales, la campaña del FBI contra el independentismo incluyó el asesinato político. Veamos este pasaje del informe final del Senado sobre Cerro Maravilla, donde se describe uno de los escuadrones de la muerte que merodeaba por Puerto Rico en los 70:

"Este grupo, integrado por el Marshall Federal José A. López, Julio César Andrades y personal adscrito (entre otros) encarnaron de 1978 a 1980 las lecciones  aprendidas en la Escuela de las Américas, impartidas por personal de las Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano... Recurría a grupos de civiles, ex-militares, ex-policías y voluntarios."

 

El programa COINTELPRO cesó oficialmente en 1971, pero cuando Juan Mari Brás recibió su carpeta federal, encontró documentos de 1976 y 1977 que describían operativos contra él y contra el Partido Socialista. De particular interés fue uno con una descripción detallada del asesinato de su hijo, Santiago "Chagui"  Mari Pesquera, que ocurrió en 1976. El autor del memorando habla casi con gozo acerca del impacto que ese acto criminal tendría sobre la carrera política de Mari Brás. Un borrón de tinta negra oculta lo que parece ser la identidad del asesino.

Además de Chagui y los mártires de Maravilla,  ocurrieron varios otros asesinatos políticos contra la izquierda en la década de los 70: el líder sindical Juan Caballero, el joven exiliado cubano Carlos Muñiz Varela, el militante socialista Ángel Charbonier y el prisionero político Ángel Rodríguez Cristóbal, asesinado en un presidio en Estados Unidos mientras cumplía una condena por desobediencia civil en Vieques. A esto hay que añadir otros actos de terror como los bombazos a los cuarteles del PIP y del PSP, las oficinas de este periódico y a la Impresora  Nacional. Un total de 170 actos de violencia contra el independentismo en quince años, según el libro Agents of Repression de Ward Churchill y Jim Vander Wall.

 

Si el FBI investiga y combate el terrorismo y la violencia política irrespectivamente de su origen, si de verdad lo hacen con ecuanimidad y sin banderías políticas, entonces ¿Por qué estos crímenes están sin resolver?

 

¿Falta de recursos? En su libro The COINTELPRO Papers, Churchill y Vander Wall informan que en los 70 la oficina del FBI en San Juan tenía 80 agentes organizados en cuatro escuadrones, con 60 agentes adicionales distribuidos en tres oficinas regionales. Con frecuencia venían a la isla técnicos especializados para realizar tareas particulares. Y encima de todo eso, el Negociado contaba, como siempre, con la completa cooperación de la Policía de Puerto Rico y sus diferentes unidades.

 

Y como si esos recursos no fueran abundantes, la oficina de San Juan colaboraba, y sigue colaborando hoy, con la CIA, el Servicio Secreto, la Inteligencia Naval, el Destacamento de Inteligencia Militar 771 y el Departamento de Estado, todos los cuales tienen bastante personal en Puerto Rico. Esta es una impresionante concentración de recursos para un pequeño archipiélago caribeño con menos de 4 millones de habitantes.

 

Entonces, ¿Qué está haciendo el FBI para cumplir con su supuesta misión de combatir el terrorismo?

 

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Este artículo fue publicado originalmente en el Periódico CLARIDAD el 21 de febrero 2003