NACIONALISMO: La Patria organizada para el rescate de su SOBERANIA

PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO
MOVIMIENTO LIBERTADOR

viernes, 14 de noviembre de 2014

Puerto Rico: crisis creciente del régimen colonial


Por Olmedo Beluche


                                                                                 A los estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
                                                                                 seguimos buscándolos, seguimos su lucha



Para describir la situación de Puerto Rico, en 2014, podemos recurrir a los precisos y conmovedores versos de Rafael Hernández Marín en su "Lamento borincano", escrito en 1929, cuando dice: "Y triste, / el jibarito va pensando así, / diciendo así, llorando así por el camino: / "¿Qué será de Borinquen mi dios querido?/ ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar?".

Una crisis económica y social se abate sobre el "Estado Libre Asociado", eufemismo con que el imperialismo norteamericano trata de disfrazar el régimen colonial bajo el cual somete a la isla desde 1898. Las políticas neoliberales que empezaron a imponerse desde la década del 80 del siglo pasado, combinadas con la crisis económica mundial, que golpea con fuerza desde 2008, llevan al régimen colonial de Puerto Rico a una situación insostenible que podría explotar en cualquier momento.

La privatización de las empresas públicas, de la industria estatal, de los servicios y hasta de las carreteras, ha disminuido los ingresos del gobierno estatal que no provienen directamente de impuestos, llevando al estado borinqueño a una crisis fiscal enorme que se está cargando sobre las espaldas de la clase trabajadora. Según reporta el diario El Nuevo Día, los déficits presupuestarios se vienen resolviendo cada año mediante la adquisición de nuevos empréstitos (22.845 millones desde el año 2000) hasta alcanzar la deuda la cifra de 72.000 millones de dólares y 3,7 mil millones anuelas en intereses (END, 7/11/14).

Deuda que, según la Constitución Política colonial impuesta en 1952, el estado debe saldar a los bonistas con prioridad sobre las necesidades vitales de la población. Deuda que ha llevado al actual gobernador, Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD) a lanzar una feroz contención del gasto público y a proponer un alza de impuestos al petróleo que subirá el combustible en un 40%, pasando de 9,25 a 15,50 dólares por barril que entre al país, en un momento en que hay una baja considerable de su precio internacional.

De acuerdo al gobernador y sus asesores, el alza impositiva es necesaria para salvar a las tres instituciones de servicios que administra de la ruina y nuevas privatizaciones: la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este enfoque de la política económica ha llevado la tasa de desempleo a una fluctuación entre 13 y 15 %, a una alta dependencia de la población del sistema de subsidios federales al desempleo (sistema de "cupones") y a una migración hacia Estados Unidos que promedia los 3.000 jóvenes por mes.


Según las encuestas de El Nuevo Día, el 60% de la población puertorriqueña desaprueba la gestión del gobernador García Padilla; el 92 % cree que las cosas van mal o muy mal; el 93% cree que su situación está ahora peor o igual a hace un año; y el 79% cree que la cosa estará peor dentro de otro año (END, 8/11/14).


La oposición parlamentaria, del también derechista Partido Nuevo "Progresista"  (PNP), procura bloquear las reformas del PPD, más por tácticas electoreras que por principios, y su única propuesta de fondo frente a la crisis es promover la "estadidad" de Puerto Rico, es decir, pasar de "Estado Libre Asociado" a ser un estado de pleno derecho de los Estados Unidos de América. Pese a que al PNP le coquetean sectores republicanos, la cuestión es que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso federal, tras los resultados del 4/11/14, no parecen favorecer a los anexionistas.

El Partido Republicano, cuya ala extremista (el Tea Party) se ha opuesto a cualquier reforma migratoria que permita legalizar a los 50 millones inmigrantes latinoamericanos residentes en Estados Unidos, ¿va a favorecer la estadidad de Puerto Rico para sumar de golpe a 4 millones de latinos más con plenos derechos políticos y sociales? No parece lógico.

Aunque el histórico Partido Independentista desapareció electoralmente al no obtener el 3% requerido por la legislación en los comicios de hace dos años, en el horizonte político despuntó un proyecto de partido político de corte clasista, el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), dirigido por el profesor Rafael Bernabe, el cual tampoco subsistió pero insiste en su reinscripción de cara a los próximos comicios. No le fue tan mal al obtener una concejalía en el municipio de Vieques.


El sindicalismo clasista lucha en Borinquen

Puerto Rico cuenta con una larga tradición de lucha sindical de sus trabajadores y sectores populares. De época reciente, la que todo el mundo recuerda es la "Huelga del Pueblo" contra la privatización de la empresa telefónica en 1998, cuyo combativo sindicato contó con la amplia solidaridad popular, aunque posteriormente fuera derrotada. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico protagonizaron una huelga combativa con ocupación del recinto de Río Piedras hace un par de años. Este año los docentes estuvieron en una huelga por mejoras salariales.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y su presidente Ángel Figueroa Jaramillo son el referente del sindicalismo clasista que enfrenta las medidas neoliberales que golpean los derechos de la clase trabajadora borinqueña. Jaramillo, como le llama todo el mundo en la isla, nos explica que UTIER practica el sindicalismo bajo el "principio de la lucha de clases no economicista que trasciende a la solidaridad con otros sectores". Principio que los llevó a romper con AFL-CIO y relacionarse con la Federación Sindical Mundial.

Jaramillo traza la historia de UTIER desde que se nacionalizó la industria eléctrica en 1942, dividiéndola en dos momentos, el del establecimiento de las conquistas y derechos que se transformaron en derechos laborales para el conjunto de la clase (bono navideño, estabilidad laboral, sistema de pensiones y retiro, etc.) período que dura hasta inicios de los 70, y el de la defensa de los derechos frente a los ataques neoliberales, desde entonces hasta el presente, con cuatro grandes huelgas (1973, 1977, 1981 y 2012).

El presidente de UTIER explica que frente al déficit del estado, el gobierno pretende reducir en 1.000 millones el presupuesto, lo cual afecta la calidad de los servicios públicos por la reducción del personal necesario, pero lo más grave ha sido la imposición de la Ley 66 de "Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno", contra los derechos adquiridos de 160 mil empleados públicos y sus familias y otros 55 mil empleados municipales.

La Ley 66 pretende que los sindicatos acepten la suspensión provisional de algunos derechos refrendados por las convenciones colectivas a cambio de la supuesta estabilidad laboral. Es una negociación con una pistola en la cabeza, pues la misma ley establece que, mientras los sindicatos están obligados a ceder derechos (al menos hasta julio de 2017), las corporaciones públicas no están obligadas a respetar ningún acuerdo y pueden imponer continuamente nuevos ataques a derechos adquiridos.

Desde la UTIER se promueve el reagrupamiento no sólo del sindicalismo clasista y combativo, con la Coordinadora Sindical, sino con otros movimientos sociales y políticos a través de instancias como el Frente de Solidaridad y Lucha.

Vieques sigue luchando y confrontando al Pentágono

Junto con la lucha contra la privatización de la telefónica, alrededor del año 2000, la otra gran lucha que estremeció a Puerto Rico y levantó la solidaridad de Latinoamérica y el mundo, fue la de la comunidad de la isla de Vieques exigiendo a las fuerzas armadas de Estados Unidos cerrar sus bases militares y descontaminar los polígonos de tiro. Esa lucha se transformó en victoria en 2003, cuando las bases militares fueron cerradas y cesaron los bombardeos de práctica.

La señora Carmen Valencia, de 70 años, cuenta cómo Vieques era una isla dedicada mayormente al cultivo de la caña de azúcar, labor a la que se dedicaba su padre hasta los años 40, cuando llegó la marina, cerró los ingenios y se apoderó de dos tercios de la isla para bases militares y polígonos. "Sin luz ni abanico, teníamos que encerrarnos en la casa a las 5 de la tarde, por los abusos que cometían los militares contra las mujeres".

La lucha de Vieques continúa en la actualidad exigiendo la descontaminación adecuada de los polígonos de tiro. La reverenda Eunice Santana Melecio señala: "... la respuesta del imperio en cuanto a la limpieza e los terrenos no deja de sorprendernos e indignarnos. Comprueba el menos precio que le tiene a la vida, la avaricia desmedida que siempre le empuja a gastar lo mínimo y la forma manipuladora y tramposa de actuar para no cumplir con los requisitos básicos de decencia y humanidad" (Compartir es Vivir, oct. 2014).

Eunice narra cómo la supuesta descontaminación ejecutada por el Pentágono consiste en quemar al aire libre la bombas ara hacerlas explotar, con lo que esparce sus contaminantes; como sigue hundido en una bahía de Vieques el USS Killen, usado en prácticas con armas nucleares y cargado con 200 barriles cuyo contenido se desconoce; cómo la Laguna de Anones, "el lugar más contaminado" se le ha abierto un canal que desahoga sus tóxicos al mar.

La compañera Nilda Medina explica que el problema no sólo es la descontaminación, sino que no hay adecuados servicios médicos para los muchos casos de cáncer y otras enfermedades que padece la población. A lo que hay que agregar los múltiples problemas sociales de una población que sigue perdiendo sus formas de vida, ahora a manos de un creciente turismo controlado por y al servicio de los norteamericanos.

Algo se mueve en el movimiento independentista

Un observador lejano podría suponer que el tema del independentismo y la descolonización serían temas subversivos y prohibidos en Puerto Rico, pero sucede todo lo contrario, la memoria histórica y la reivindicación de los próceres boricuas está en todas partes. En muchas esquinas puede uno encontrar monumentos a Betances, Hostos e incluso a Albizu. En Ponce, por ejemplo, se ha inaugurado un Museo Casa de la Masacre, ocurrida allí en 1936 contra activistas del Partido Nacionalista de Albizu por parte de la policía colonial.

Los independentistas alegan que el principal factor que impide un vuelco masivo hacia la independencia de Puerto Rico, es la propia crisis económica y la dependencia un gran porcentaje de la población del sistema de cupones federales, lo cual crea una cultura y actitud muy conservadora, entre personas desclasadas. También la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico constituyen una epidemia que debilita las fuerzas de la nación boricua.

Francisco Torres, presidente actual del Partido Nacionalista, continuador de la lucha de Albizu, Lolita Lebrón y otros, explica que en este momento se ha constituido una Mesa de Diálogo Independentista para tratar de unir a este fragmentado segmento de la sociedad. Al menos diez organizaciones participan de esta mesa: el Partido Nacionalista, el PRT- Macheteros, el MINH, el Frente Socialista, entre otras. Se han establecido seis puntos de discusión con miras a un acercamiento programático que permita la acción conjunta del independentismo.

Por otro lado, un grupo todavía minoritario, encabezado por Nelson Canals y Ramón Nenadich, ha lanzado la propuesta osada de fundar de hecho el Estado Nacional Soberano de Borinken, desconociendo al gobierno colonial y actuando como un gobierno paralelo entorno al cual se unifique el independentismo mediante una Asamblea Nacional del Pueblo Boricua.

La declaración constitutiva del Estado Nacional Soberano de Borinken su decisión se apoya en "la autoridad que emana de ser los únicos y legítimos herederos y dueños de esta tierra... no existen lazos coloniales que nos aten  y nos subordinen a las leyes y designios de los Estados Unidos de América; No reconocemos la autoridad ni la legalidad del Gobierno Colonial...", para lo cual solicitarán el reconocimiento de todos los organismos internacionales, empezando con los de nuestro continente.

Por supuesto que esta propuesta, para que sea más que una declaración, requiere que cale, sea aceptada y permita unificar al conjunto del movimiento independentista, para luego ser asumida por la población que, hoy por hoy, no la conoce. Si superara estos escollos podría ser un equivalente de lo que fuera la OLP para los palestinos antes de los acuerdos de Oslo.

Pase lo que pase, suponemos que la debacle final del régimen colonial provendrá de una combinación dialéctica entre la lucha social y obrera anticapitalista con las demandas por la autodeterminación e independencia nacional. En ambas, el pueblo de Borinken cuenta con el apoyo incondicional de sus hermanos de Latinoamérica.

Panamá, 10 de noviembre de 2014.
 

 

sábado, 30 de agosto de 2014

¿DEMOCRACIA CON “GRILLETES”...... O “ESCLAVOS” CON PRIVILEGIOS?


Por Dra. María Villeneuve*

El fundamento principal de la Democracia es la participación y se distingue por el respeto al derecho de todo sistema y  persona a ser libre en todas sus dimensiones humanas y sociales para decidir y hacer.  No obstante, un sistema de democracia condicionada, esto es, con "Grilletes" no es democracia .  En el caso de la Isla de Borinken, no es práctica democrática ....

Cuando a todo un Pueblo le imponen una ciudadanía que no es la Borikua y la Borikua es invisible sin valor legal,
 

Cuando imponen el monopolio de una marina mercante norteamericana que controla el comercio de todo lo que entra y sale de la Isla, 

Cuando el FBI norteamericano interviene en asuntos internos de la Isla de Borinken por encima de leyes de la legislatura colonial,

Cuando existe un Tribunal de Justicia Federal en la Isla con todas sus implicaciones,

Cuando esta Administracion Colonial Insular es un gobierno "Títere" (de marioneta) en lenguaje Internacional aparte de los matices de corrupción que le tiñen para administrar la Colonia pero al servicio de la metrópoli,

Cuando la Constitución Norteamericana prevalece por encima de la llamada constitución del ELA (por no ser ni Estado, ni Libre, ni Asociado sólo el disfraz de la dependencia Colonial),

Cuando el Gobierno norteamericano realiza sus experimentos con la población Borikua sin el conocimiento ni consentimiento del Pueblo (prá

cticas militares, experimentación con el agente naranja en nuestros bosques, pastillas anticonceptivas suministradas a nuestras mujeres sin su conocimiento y consentimiento, Chemtrails, Monsanto, entre otras a descubrir),
 
 
Cuando nos usan como su mercado cautivo ante la invasión monopolística de transnacionales, megatiendas, "fast foods" norteamericanos,

Cuando el diseño de educación y propaganda mediática está dirigido a la implantación de un sistema de asimilación  sociocultural y neoliberal capitalista salvaje.

Cuando los plebiscitos supuestamente de "libre determinación" están sujetos y condicionados, incluyendo las fórmulas definitorias de estatus, a la  APROBACIÓN
del Congreso de los Estados Unidos.

¿Qué otros "Grilletes" existen en la falsa Democracia que se practica en la Colonia?

Al ser Borinken una isla Invadida militarmente y ocupada bajo esos términos por 116 años también conlleva el 'Apartheid' discriminatorio y excluyente internacionalmente y la democracia condicionada continúa siendo de o para... ¿Esclavos con Privilegios concedidos por el Amo dominador de Vida y Hacienda?  Analice Usted.
 
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*La Dra. Villanueve es ciudadana-legisladora en la Asamblea Nacional del Estado Nacional Soberano de Borinken

miércoles, 28 de mayo de 2014

COYUNTURA DELICADA PARA PUERTO RICO

por Jesús Davila


El Servicio de Investigaciones Criminales de la Armada de Estados Unidos (NCIS) busca que el Gobierno de Puerto Rico arreste a sospechosos de haber participado de un ataque armado a una instalación naval estratégica ocurrido en 1979, según el periódico Stars and Stripes, pero el Departamento de Justicia de esta pequeña nación dice no saber nada del asunto.
De acuerdo al informe, NCIS identificó desde hace años a dos de los tiradores que mataron dos e hirieron diez en un ataque a una base del sistema ECHELON en Sabana Seca, al oeste de San Juan, pero en Puerto Rico no se les aceptaron las pruebas que presentaron, por lo que un grupo de la agencia se propone viajar otra vez a esta colonia estadounidense para tratar de convencer a las autoridades puertorriqueñas.
 
El renovado requerimiento se divulga en un momento de debilidad extrema para el gobierno autonomista, que se enfrenta a una crisis económica y política de perfiles inéditos, lo que afecta sus posibilidades reales para resistir a la Armada de EEUU en una nueva confrontación. Así ha quedado demostrado con las cifras estadísticas recopiladas por el Estado.
A pesar de la reducción de más de 20 por ciento en el denominado “grupo trabajador” en siete años –de 1.450.000 en 2007 a 1.148.000 en 2014- dicha baja no ha servido para aumentar la tasa de participación laboral. Por el contrario, la tasa de participación llegó a 39,9 por ciento en abril, la primera vez que baja tanto en toda la historia del régimen autonomista denominado Estado Libre Asociado, según consta en la base de datos laborales revisada mes a mes desde 1970 y las bases estadísticas previas recopiladas por el Departamento del Trabajo.
De hecho, desde 1950 por lo menos, cuando la tasa de participación era de 55 por ciento, se mantuvo una curva zigzagueante que a veces subía hasta 48 y bajaba hasta 42, pero nunca por debajo de 40 por ciento.
 
El director del Instituto de Estadísticas del Gobierno, Mario Marassi, dijo con alivio en marzo pasado que “llama la atención cómo la tasa de participación nunca bajó por debajo de 40 por ciento”, para advertir de inmediato que “de haber ocurrido en realidad, Puerto Rico hubiera sido el único país en el mundo con esta distinción, peor que en países como Iraq, Jordania, Bosnia y Palestina”.
Las palabras del doctor Marassi se convirtieron en realidad apenas un mes después, cuando la estadística de empleo total se marcó en 994.000 y así cruzó, hacia abajo, la barrera del millón de empleos, otra cifra inédita. Los años sostenidos de crisis desde el retiro de los privilegios tributarios por parte de EEUU a las inversiones de capital estadounidense en Puerto Rico en 2005 y el cierre parcial del Estado en 2006, han tenido un efecto tal que los 250.000 puestos de trabajo creados en los 16 meses de gobierno autonomista se han anulado con la pérdida de cerca de 300.0000 empleos en el mismo período.
Esas bajas han ayudado a que continúe la acumulación de pérdidas netas de miles y miles de empleos en todos los renglones durante la prolongada crisis.
Así las cosas, el Gobierno está a la merced de los inversionistas aventureros de Wall Street, pues el nivel del crédito ha sido bajado al nivel conocido como “basura”, por lo que la capacidad para resistir cualquier presión del Gobierno estadounidense –en este caso de la Armada- está muy degradada, si es que existe.
 
La última participación notoria de un gobierno autonomista en la represión contra el independentismo fue en 2005, cuando el Gobierno de Puerto Rico cooperó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una operación que era oficialmente para arrestar al comandante general del Ejército Popular Boricua, Filiberto Ojeda Ríos. En aquella operación, un francotirador del grupo comando que asaltó la casa hirió al veterano comandante de los Macheteros y luego le dejaron morir desangrado, lo que motivó que desde entonces el Gobierno puertorriqueño se esforzara en distanciarse de los hechos.
 
Esta vez, el pedido sería para que el propio gobierno puertorriqueño tome el papel protagónico en la labor de capturar personas que forman parte o han sido del sector militar clandestino del independentismo.
El comunicado oficial de NCIS al que hace referencia la nota periodística es el relato de la confesión de uno de los participantes en los hechos sangrientos de Sabana Seca, que se produjo este año en un tribunal en Nueva York. La declaración no hace referencia sobre el pedido al gobierno puertorriqueño para más arrestos.
 
Donde aparece ese aspecto es en la nota publicada por Stars and Stripes, que sirve a las fuerzas armadas y mantiene una línea editorial independiente, en el que se reproduce la crónica del reportero Jim Schoettler, del Mayport Mirror, de Jacksonville, donde está la base de la oficina de campo de NCIS con jurisdicción sobre el Caribe.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico no ha encontrado ninguna evidencia hasta el momento de que la Marina de EEUU haya intentado presentar pruebas sobre esos hechos”, declaró en reacción a esa noticia el fiscal Alberto Valcárcel, jefe de la división de Integridad Pública a través de un portavoz del Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.
La encrucijada actual se presenta similar a cuando la crisis económica de los años treinta del siglo pasado fue marco para el ahondamiento del proceso de ruptura de los autonomistas con los independentistas que se había iniciado en 1920 y que tuvo uno de sus puntos culminantes con la rebelión de 1950 y las oleadas represivas que le sucedieron.
 
En aquellos años, la jefatura autonomista buscaba el apoyo de Washington para sacar al país del desastre económico y obtener reformas políticas, para lo que logró primero una alianza con las clases populares y luego usó las fuerzas armadas y los arrestos masivos para enfrentar al Partido Nacionalista y al Partido Independentista Puertorriqueño.

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sábado, 22 de marzo de 2014

LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE DE BOGOTÁ PISOTEA LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD Y ATENTA CONTRA LA PAZ

por Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República de Colombia


La destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del Presidente de la República Juan Manuel Santos, constituye una violación flagrante de la Constitución Política de Colombia, un golpe alevoso a la precaria democracia colombiana, un atentado criminal contra el proceso de paz y un desconocimiento vulgar de la legalidad internacional.

 Los ideólogos del régimen afirman con frecuencia que uno de los pilares de la democracia es la independencia de los poderes del Estado, sin perjuicio de la colaboración armónica entre ellos. Esta tesis no es más que una de las tantas falacias que se difunden entre la opinión pública para legitimar el sistema dominante. Independencia de qué o de quién? Acaso los tres poderes y los organismos electorales y de control no están regidos por los mismos dueños del poder económico y político del país?

 El caso del Alcalde Gustavo Petro es suficientemente ilustrativo. Todos los poderes se conjugaron para lograr el objetivo de recuperar para el establecimiento el segundo cargo más importante del país que estuvo en manos de gobiernos alternativos durante más de 10 años:
 Los partidos de la derecha, los gremios económicos, la gran prensa, las mayorías del Congreso de la República y los distintos poderes del Estado.

 La Procuraduría General de la Nación, dirigida por un oscurantista y fanático religioso, adelantó una investigación disciplinaria que terminó ordenando su destitución e inhabilitándolo por 15 años para ejercer cargos públicos, una sanción absurdamente desproporcionada.
 El Alcalde hizo uso de los recursos legales y obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Bogotá que luego fue echado a tierra por el Consejo de Estado, que dejó en firme la decisión del Procurador. La Presidenta de este organismo aclaró públicamente que el fallo sólo quedaría en firme cuando fuera firmado por todos los magistrados que lo aprobaron y cuando se recibieran los salvamentos de voto de quienes estuvieron en contra; sin embargo, sin que se hubiera cumplido este requisito, es decir, sin que existiera aún materialmente el fallo, el Procurador procedió a solicitarle la destitución del Alcalde al Presidente de la República y este no tuvo el menor inconveniente en acatar la solicitud del Procurador. De qué independencia puede hablarse cuando el Procurador fue candidatizado por el Consejo de Estado para que fuera reelegido por el Congreso y cuando son de público conocimiento los vínculos burocráticos entre altos funcionarios de las dos entidades? Por lo demás, la historia enseña con numerosos ejemplos que cuando están de por medio sus intereses, la burguesía no vacila en pisotear su propia legalidad. Díganlo si no los numerosos golpes de Estado que se han ejecutado en América Latina y en otras regiones del mundo.

 El Alcalde también apeló a los recursos legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la fecha del 18 de marzo, en una decisión unánime, le solicitó al Presidente de Colombia medidas cautelares consistentes en mantener al Alcalde en su cargo mientras producía un fallo de fondo, a fin de evitar perjuicios irreparables. En un hecho sin precedentes en la historia jurídica del país, el Presidente, que había prometido acatar lo decidido por la CIDH, se negó a cumplir dichas medidas y procedió a la destitución, haciendo caso omiso de la Constitución, que establece que los tratados internacionales debidamente ratificados hacen parte del bloque de constitucionalidad.
 El Alcalde Petro no ha sido condenado por ningún delito que justifique despojarlo de su derecho ciudadano a ejercer cargos públicos y su permanencia ha debido ser decidida mediante referendo por los ciudadanos, que fueron quienes lo eligieron, y no por una autoridad  administrativa, como el Procurador.

 De lo que se trata, entonces, es de una decisión claramente política tomada por el Presidente de la República para congraciarse con los sectores más derechistas, con el cálculo de que de esa manera va a conseguir votos para su aspiración reeleccionista. Su preocupación por los bajos índices de popularidad que registra en las encuestas de opinión lo llevan a estas salidas desesperadas que, paradójicamente, le pueden producir resultados contrarios a los que espera, sin importarle que con ellas, además de llevarse por delante la legalidad, atropella gravemente la mísera democracia que a duras penas subsiste en Colombia.
 Este hecho execrable también puede tener repercusiones dañinas en el proceso de conversaciones que se adelanta en La Habana. Qué confianza puede tener la insurgencia en que habrá garantías para hacer política desde la vida civil, cuando un alcalde de la oposición es despojado de su investidura y condenado al ostracismo político con los más deleznables procedimientos?

 Produce repudio e indignación que mientras en la administración pública campea la corrupción en medio de la impunidad y mientras acaban de ser elegidos numerosos congresistas señalados de ser herederos del paramilitarismo o de tener vínculos con la corrupción y otras expresiones de la ilegalidad, el Alcalde de la capital del país sea destituido, no por haber robado o haber sido condenado como delincuente, sino porque se apartó de las políticas del régimen dominante y porque hay un Presidente de la República en campaña electoral que busca votos por cualquier medio.
 Lo ocurrido con el Alcalde Petro debe servir para que los sectores democráticos, progresistas y de izquierda tomen conciencia de la necesidad de construir un proyecto unitario que se convierta en alternativa política para el pueblo colombiano y que tenga la fuerza suficiente para abrirles paso a los cambios avanzados que necesita la sociedad colombiana para tener una verdadera democracia en un país en paz, soberano y con justicia social.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







miércoles, 5 de febrero de 2014

El cuerpo de las mujeres fue “botín de guerra” durante la dictadura uruguaya


Durante la última dictadura uruguaya, "el cuerpo de las mujeres fue utilizado como botín de guerra", afirma Beatriz Benzano, quien décadas después del régimen promovió, junto a otras expresas políticas, la primera demanda colectiva por violencia sexual ejercida contra las detenidas en ese periodo.
 
                                            Beatriz Benzano. ex-monja, tupamara, sometida a torturas y abusos en la dictadura

Lo que hicieron los militares con las mujeres detenidas fue “un crimen de guerra”, asegura Beatriz, exmonja que luego militó en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), guerrilla urbana que se inició en la década del 60 y fue derrotada militarmente en 1972, antes que comenzara la última dictadura (1973-1985).
 
“El cuerpo de la mujer era usado como botín de guerra, en los cuarteles nos entregaban a la tropa para que hicieran lo que quisieran con nosotras. Y como campo de batalla, por eso lo hacían delante de compañeros o esposos”, relata Beatriz, quien estuvo encarcelada entre 1972 y 1976.
Ella es una de las 28 expresas políticas que presentaron en octubre de 2011 una denuncia contra más de un centenar de militares, policías, médicos y enfermeros que participaron de las torturas y abusos sexuales contra las detenidas.
La denuncia sostiene que las detenidas sufrieron especialmente “en su condición de mujeres”.
 
El ensañamiento era mayor “por el hecho de ser mujeres y por ser ellos una institución tan jerarquizada, autoritaria y machista”, sostiene Beatriz. “No podían tolerar que nosotras nos hubiéramos salido del rol tradicional de esposas, madres, amas de casa”.
La desnudez forzada era lo primero que nos hacían, al llegar al cuartel nos arrancaban la ropa. En esa situación de vulnerabilidad e indefensión empezaban a torturarnos y a hacer algunas prácticas de violencia sexual”, recuerda, con la mirada empañada.
 
Cientos de denuncias
Si bien hay unos 15 condenados en los últimos años en Uruguay por delitos cometidos durante la dictadura -entre ellos los exdictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry-, todos fueron culpados por el delito de homicidio.
Con el regreso de la democracia en 1985 y la aprobación un año después de una ley que frenó las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, los detenidos callaron las torturas.
“Lo que hicimos fue pelear por memoria y verdad, tratar de encontrar a los desaparecidos, nos parecía que era lo más urgente”, señaló Benzano.
Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara en 2011 a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, las expresas evaluaron que ahora sí podían denunciar. Pero se toparon con la gran dificultad para hablar del tema.
“Hablamos con más de un centenar de compañeras, invitándolas a hacer la denuncia, algunas que sabíamos que habían sido violadas, y al final quedamos 28 haciendo la denuncia. Hay compañeras del grupo que jamás lo habían hablado con su compañero o durante 30 años de terapia no se lo habían dicho al terapeuta ni a nadie“, relata Beatriz.
Un proceso similar vivieron 90 expresos y expresas que presentaron una denuncia separada, también en 2011, por las torturas y tratos degradantes cometidos en las prisiones uruguayas, que llegaron a albergar unos 6.000 presos políticos.
También en este caso, “más allá de identificar a los responsables y castigarlos por un delito cometido, para nosotros lo fundamental es que se avance en la jurisprudencia en el país para que este tipo de delitos nunca más ocurran. Y que si ocurren, que haya instrumentos jurídicos reales y efectivos para castigarlos“, dijo a la AFP Clarel de los Santos, exdetenido y uno de los impulsores de esta denuncia.
De los Santos sostiene que “durante muchos años se negó que la tortura hubiera existido, una parte importante de la población no creyó”.
“Por eso nos parece ponerlo en el tapete: que existió tortura, que la tortura generó secuelas en una cantidad de gente que nunca pudo rehabilitarse, que en general cambió para siempre a las personas que fueron torturadas. Aunque hayan hecho esfuerzos por canalizar su vida no fue lo mismo”, enfatizó.
Beatriz coincide en que la sociedad uruguaya ha recibido las denuncias sobre torturas “con asombro, como si nunca hubieran oído hablar (de esto)”.
“Creo que también todo el mundo trató de olvidar lo peor: el horror del terrorismo de Estado”, sostiene. “Que estaban todos los cuarteles y las comisarías del país convertidos en centros de tortura y de exterminio, con cuerpos colgados del aire, balanceándose como muñecos, desnudos siempre. Cuerpos tirados, amontonados, mugrientos, sangrientos, desfigurados por los golpes en la cara, en todo el cuerpo, en los genitales, donde se ensañaban, ultrajados, pisoteados”.
Ambas denuncias están actualmente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para que el máximo tribunal resuelva si se pliega al pedido de la defensa de los acusados, que sostienen que los delitos prescribieron, basándose en un fallo emitido por la propia SCJ para otro caso este año.
Sin embargo, en estos dos casos las víctimas aseguran que seguirán adelante.
“Es urgente, no podemos dejar ese fardo a las generaciones venideras”, dice Beatriz. “Los hijos y los nietos de ellos oyen que sus padres o abuelos siguen reivindicando lo que hicieron. El trabajo es de justicia pero también por un nunca más”.
 
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DOSSIER LARED21: 40 AÑOS DEL GOLPE