Senadora de la República de Colombia
La destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,
por parte del Presidente de la República Juan Manuel Santos, constituye una
violación flagrante de la Constitución Política de Colombia, un golpe alevoso a
la precaria democracia colombiana, un atentado criminal contra el proceso de
paz y un desconocimiento vulgar de la legalidad internacional.
Los ideólogos del
régimen afirman con frecuencia que uno de los pilares de la democracia es la
independencia de los poderes del Estado, sin perjuicio de la colaboración
armónica entre ellos. Esta tesis no es más que una de las tantas falacias que
se difunden entre la opinión pública para legitimar el sistema dominante.
Independencia de qué o de quién? Acaso los tres poderes y los organismos
electorales y de control no están regidos por los mismos dueños del poder
económico y político del país?
El caso del Alcalde
Gustavo Petro es suficientemente ilustrativo. Todos los poderes se conjugaron
para lograr el objetivo de recuperar para el establecimiento el segundo cargo
más importante del país que estuvo en manos de gobiernos alternativos durante
más de 10 años:
Los partidos de la
derecha, los gremios económicos, la gran prensa, las mayorías del Congreso de
la República y los distintos poderes del Estado.
La Procuraduría
General de la Nación, dirigida por un oscurantista y fanático religioso,
adelantó una investigación disciplinaria que terminó ordenando su destitución e
inhabilitándolo por 15 años para ejercer cargos públicos, una sanción
absurdamente desproporcionada.
El Alcalde hizo uso
de los recursos legales y obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de
Bogotá que luego fue echado a tierra por el Consejo de Estado, que dejó en
firme la decisión del Procurador. La Presidenta de este organismo aclaró
públicamente que el fallo sólo quedaría en firme cuando fuera firmado por todos
los magistrados que lo aprobaron y cuando se recibieran los salvamentos de voto
de quienes estuvieron en contra; sin embargo, sin que se hubiera cumplido este
requisito, es decir, sin que existiera aún materialmente el fallo, el
Procurador procedió a solicitarle la destitución del Alcalde al Presidente de
la República y este no tuvo el menor inconveniente en acatar la solicitud del
Procurador. De qué independencia puede hablarse cuando el Procurador fue
candidatizado por el Consejo de Estado para que fuera reelegido por el Congreso
y cuando son de público conocimiento los vínculos burocráticos entre altos
funcionarios de las dos entidades? Por lo demás, la historia enseña con
numerosos ejemplos que cuando están de por medio sus intereses, la burguesía no
vacila en pisotear su propia legalidad. Díganlo si no los numerosos golpes de
Estado que se han ejecutado en América Latina y en otras regiones del mundo.
El Alcalde también
apeló a los recursos legales ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que en la fecha del 18 de marzo, en una decisión unánime, le solicitó
al Presidente de Colombia medidas cautelares consistentes en mantener al
Alcalde en su cargo mientras producía un fallo de fondo, a fin de evitar
perjuicios irreparables. En un hecho sin precedentes en la historia jurídica
del país, el Presidente, que había prometido acatar lo decidido por la CIDH, se
negó a cumplir dichas medidas y procedió a la destitución, haciendo caso omiso
de la Constitución, que establece que los tratados internacionales debidamente
ratificados hacen parte del bloque de constitucionalidad.
De lo que se trata,
entonces, es de una decisión claramente política tomada por el Presidente de la
República para congraciarse con los sectores más derechistas, con el cálculo de
que de esa manera va a conseguir votos para su aspiración reeleccionista. Su
preocupación por los bajos índices de popularidad que registra en las encuestas
de opinión lo llevan a estas salidas desesperadas que, paradójicamente, le
pueden producir resultados contrarios a los que espera, sin importarle que con
ellas, además de llevarse por delante la legalidad, atropella gravemente la
mísera democracia que a duras penas subsiste en Colombia.
Este hecho execrable
también puede tener repercusiones dañinas en el proceso de conversaciones que
se adelanta en La Habana. Qué confianza puede tener la insurgencia en que habrá
garantías para hacer política desde la vida civil, cuando un alcalde de la
oposición es despojado de su investidura y condenado al ostracismo político con
los más deleznables procedimientos?
Produce repudio e
indignación que mientras en la administración pública campea la corrupción en
medio de la impunidad y mientras acaban de ser elegidos numerosos congresistas
señalados de ser herederos del paramilitarismo o de tener vínculos con la
corrupción y otras expresiones de la ilegalidad, el Alcalde de la capital del
país sea destituido, no por haber robado o haber sido condenado como
delincuente, sino porque se apartó de las políticas del régimen dominante y
porque hay un Presidente de la República en campaña electoral que busca votos
por cualquier medio.
Lo
ocurrido con el Alcalde Petro debe servir para que los sectores democráticos,
progresistas y de izquierda tomen conciencia de la necesidad de construir un
proyecto unitario que se convierta en alternativa política para el pueblo
colombiano y que tenga la fuerza suficiente para abrirles paso a los cambios
avanzados que necesita la sociedad colombiana para
tener una verdadera democracia en un país en paz, soberano y con justicia
social.
